jueves, 19 de marzo de 2009

El Estado Español, con decisión y firmeza, dando ejemplo para una acción decidida hacia la profesionalización de las Administraciones Públicas ....

La Profesionalización de las Administraciones Públicas: Primeros Pasos




Lo primero que el Ejecutivo presidido por el Presidente de Gobierno tiene que tener, es firme propósito y decisión resolutiva para llevar a cabo estos pasos coyunturales dentro de una estrategia de reforma estructural para los próximos 30 meses. La falta de profesionalidad en las distintas Administraciones Públicas no sólo tiene un coste económico que sangra los respectivos presupuestos a nivel estatal, autonómico o local sino también un coste intangible en el grado de motivación del funcionariado.


Hay que predicar con el ejemplo desde la Administración Pública del Estado sin miedo a exigir a continuación, y hasta legislar cuando sea necesario, para implantar dicha profesionalización a niveles autonómicos y locales. Insisto que la ciudadanía espera una actuación firme por lo que las medidas que se tomen deben hacerse conocer no sólo en su promulgación sino en su desarrollo. Toda reticencia o incumplimiento por parte de las respectivas administraciones o la falta de cooperación de los partidos deben hacerse públicas, porque al fin de cuentas, los ciudadanos desean saber quiénes son los que impiden mejoras en el funcionamiento de la maquinaria del buen gobierno.




Los Emolumentos & Los Objetivos:


Propongo que el Ejecutivo marque la pauta de repartir los ingresos desde el mismísimo Presidente de Gobierno hasta el último alto cargo nombrado en dos partes, fijo e incentivo por cumplimiento por objetivos. Sin subir un sólo céntimo los emolumentos, someter el 20% de la cantidad percibida a que cada alto cargo cumpla con unos objetivos mínimos durante su desempeño del cargo. La valoración de los objetivos deberá hacerse desde un estamento neutro no implicado en las responsabilidades de los altos cargos a evaluar.



Este ejemplo a nivel ejecutivo se deberá proponer al poder legislativo como propuesta de régimen interno, y los debates de los grupos parlamentarios hacerse de manera pública. Así la ciudadanía podrá comprobar, como es su derecho, el cumplimiento de sus Señorías del mandato de los electores.
Asimismo, se deberá sugerir al CGPJ que aplique un sistema parecido que premie el cumplimiento de objetivos de los miembros de la judicatura y penalice sus faltas con sanciones económicas mesuradas a la gravedad de las mismas.



Propulsar tales medidas a nivel autonómico y local con gran difusión a la ciudadanía para que los partidos políticos no tengan más remedio que imponer a sus cargos a esos niveles a aplicar tal plan de actuación con total transparencia, sería un acierto. Es impresentable que presidentes autonómicos o alcaldes perciban emolumentos superiores al propio Presidente de Gobierno, y encima se vean involucrados en trapicheos de la índole que últimamente se están dando a conocer en causas de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.




Aprovechamiento de Recursos:


Aquí vuelvo a retar al Ejecutivo porque insisto en la necesidad de hacer creíble su voluntad a aportar soluciones coyunturales a la crisis con ejemplaridad en la gestión de los recursos, humanos y materiales.




Propongo que el Presidente de Gobierno coordine desde el Ejecutivo un mejor aprovechamiento de los casi 550 altos cargos, el funcionariado bajo sus órdenes y los medios materiales disponibles a los 17 ministerios. Si no se le ha ocurrido aún cómo, yo se lo digo.




Constituya diversos grupos coordinados de trabajo en modo de “pool laboral” interministerial que recorten el número de prestatarios administrativos y/o de servicios, como son el caso de secretarias, auxiliares administrativos y chóferes.


¿Por qué tienen que tener secretarias particulares y coche oficial cada uno de los 550 altos cargos? ¿ Ha calculado el Ejecutivo el coste efectivo de hombres-hora desperdiciados de secretarias y chóferes que están ociosos mientras sus “jefes directos” están ocupados en distintas reuniones, actos públicos o comilonas?




Además, en medios materiales, el Gobierno podrá recortar el parque móvil del Estado Español en por lo menos un 20%, con un importante ahorro en gasolina, seguros y mantenimiento. Asimismo, podría reducir el espacio efectivo de instalaciones y despachos, con su consecuente ahorro en consumo energético, gastos de mantenimiento, seguros y rehabilitación.




Si esa medida se trasladara al legislativo y por lo tanto a los grupos parlamentarios, se podría eliminar por lo menos 1 de cada 5 ayudantes más 1 de cada 5 coches oficiales de Sus Señorías.





Reciclaje del Personal Redundante:


Se haga al nivel que se haga, habrá un personal excedente de dos tipos, los funcionarios con plaza y los contratados temporales. Dicho personal debe entrar en un programa de reciclaje, capacitación y readaptación para su aprovechamiento en nuevas actividades más provechosas para las respectivas administraciones públicas. Aquí es donde entran a participar los 3 ministerios elegidos.


¿Existe un registro único de las titulaciones, habilidades y talento de todos los funcionarios y empleados temporales de las respectivas administraciones públicas? Entiendo que no, o por lo menos nadie ha sido capaz de darme una respuesta en mi intento de analizar las bases de datos del Estado.


¿Cuántos titulados superiores o de grado técnico están ejerciendo funciones de rango inferior? Por el contrario, ¿cuántos cargos de confianza de los partidos sin titulación están ejerciendo funciones superiores a su capacitación, habilidad y talento?


Seria pregunta acabo de plantear a nuestros estimados gobernantes. La no respuesta sería señal de su falta de sinceridad en ese discurso sobre el esfuerzo común para la resolución de la crisis.


Habiendo vivido la reconversión siderúrgica naval desde dentro, puedo hablar con bastante más autoridad que muchos de los que hoy se sientan en cómodos sillones en despachos oficiales o de las Cortes Españolas. Se me cae la cara de vergüenza cada vez que pienso el enorme sacrificio que se pidió a los trabajadores en los años ’80 para que hoy esos altos cargos, diputados y senadores puedan cobrar sueldos que entonces ni se soñaban. De no haberse llevado a cabo, España hoy no estaría entre los primeros estados desarrollados en el seño de la UE, ni tampoco hubiese habido los tan cacareados éxitos de los respectivos “boom empresariales” que han acabado en sendas burbujas estalladas. Ni hubiésemos tenido el paraguas de los fondos europeos para disfrutar del desarrollo de nuestras actividades ni mejoras tan impresionantes en nuestras infraestructuras de la cual ahora alardean gobiernos autónomos que ni siquiera existían cuando se hicieron los sacrificios.




Entonces, fuimos capaces de convertir a hombres acostumbrados a darle a una maza para moldear el acero o a pulir chapa en lo alto de un andamio en una naviera. Los hicimos aptos para trabajos menos básicos a otros más técnicos como fueron los puestos en fábricas de vidrio, de fertilizantes, de montaje electrónico, automovilístico o en empresas de servicios como la logística. Hoy parece que hayan estado toda su vida trabajando en esos oficios.


¿Por qué no es posible repetir la hazaña entre los funcionarios y empleados de las administraciones públicas?


¿Qué diferencia hay entre que los que ocupen puestos en distintos estamentos del Estado, autonomías o gobiernos locales de los que hemos trabajado en empresas reconvertidas, algunas estatales y otras privadas?


Este es el reto que lanzo al Ejecutivo. En una siguiente parte, explicaré como los 3 ministerios elegidos deberán coordinarse con otros varios para llevar a cabo un plan de reprogramación de actividades innovadoras en las respectivas administraciones públicas.


El mismo reto lanzo a los líderes en la oposición, los altos cargos de las distintas Administraciones Públicas y a todos los cargos electos o nombrados.
¿Tendrán la grandeza del estadista ético profesional para aceptar el guante que lanzo?
Recuerdo a todos, lectores incluidos, que como bien dijo Neitzsche, “.. la mayor perfidia que se pueda acometer contra una causa es defenderla con argumentos imperfectos …”. Tomemos buena nota todos, en el ejercicio de nuestras funciones y responsabilidades, si deseamos defender la profesionalidad, los de las Administraciones Públicas encabezando esta campaña que propongo hacia el rendimiento óptimo de los recursos a nuestra disposición.
(desarrollo de propuesta en siguiente entrega)
Fernando Fuster-Fabra Fdz.
Consultor Estratégico